Seguridad en tiempos de crisis
cuando todo es urgente, el método decide
Dos informes coinciden en el qué. Lo que Colombia todavía no tiene es el cómo: concentrar el esfuerzo en pocos territorios y poner al frente a un articulador con dedicación exclusiva que responda por los resultados.
Fernando Tapias
CEO, Grupo Zehirut • Investigador en seguridad y transformación institucional
Autor de Seguridad en tiempos de cambio: el modelo colombiano y su legado global (en revisión académica)
El problema estratégico de Colombia no es únicamente que existan grupos armados y economías ilegales. Es que esos actores operan como un sistema adaptable, tecnológico y transnacional, mientras el Estado sigue actuando como una suma de sectores.
Gobernar entre escombros
El gobierno que se posesionó el 7 de agosto enfrentó atentados desde su primer día. Tres días después, un terremoto de magnitud 7,4 dejó cientos de muertos, miles de heridos y decenas de desaparecidos. Una semana más tarde, más de trescientos municipios estaban en alerta roja y los incendios forestales golpeaban con particular dureza al Tolima. A esa suma se agregó un dato menos visible y más inquietante: informes de inteligencia advirtieron sobre planes de bloqueos y acciones violentas orientadas a demostrar que la autoridad del nuevo gobierno puede ser desafiada.
La concurrencia de esos tres frentes —emergencia natural, emergencia ambiental y ofensiva criminal deliberada— define el problema real. No se trata de escoger entre atender el desastre o recuperar el territorio. Se trata de que la crisis compite exactamente por lo que la recuperación territorial necesita: atención presidencial, presupuesto, capacidad logística, ingenieros militares, transporte aéreo e información oportuna. Cuando todo es urgente, la prioridad deja de ser una declaración y se convierte en una decisión de asignación. Ahí es donde un Estado revela si tiene método o solamente voluntad.
Y conviene decirlo sin rodeos: la crisis es también una oportunidad para el adversario. Las organizaciones criminales leen los desastres como ventanas. Saben que la Fuerza Pública se desplaza hacia las zonas afectadas, que el gasto se reorienta, que la atención pública se concentra en el escombro y que la administración local queda absorbida por la emergencia. Un sismo no cambia el mapa criminal; cambia la distribución de la atención estatal, que es justamente lo que el crimen explota.
Dos documentos, una misma doctrina
Colombia llega a este momento mejor diagnosticada que nunca. La Estrategia Integral de Seguridad (2026), elaborada por el Grupo de Revisión Estratégica Institucional con participación de ACORE —generales y oficiales en retiro, exmagistrados, exministros, legisladores y especialistas—, propone una política de Estado y no un programa de gobierno. El Cuaderno de recomendaciones de los 100 días, producido por el grupo técnico y académico Strategic Task Force One y acogido por la Universidad Militar Nueva Granada a través de la Escuela de Altos Estudios Estratégicos Nueva Granada, traduce ese propósito en decisiones ejecutables dentro de la primera ventana de gobierno.
Su convergencia es notable, y no es casual. Ambos sostienen que la debilidad estratégica del país nace de haber tratado la seguridad como una política de gobierno que se reinventa cada cuatro años; ambos proponen tramitar una Ley de Seguridad y Defensa Nacional y crear por ley el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional como instancia permanente y vinculante; ambos adoptan el Modelo de Recuperación Territorial diferenciado como eje articulador; ambos rechazan que el éxito se mida por capturas, bajas o incautaciones, y proponen evaluarlo por la capacidad efectiva del Estado para administrar justicia, prestar servicios, recaudar ingresos legales y sostener la confianza ciudadana; ambos sitúan el centro de gravedad en las rentas ilícitas y los flujos financieros, porque el crimen es codicioso antes que ideológico; y ambos condicionan todo lo anterior a la seguridad jurídica de la Fuerza Pública y a la legitimidad democrática.
Que dos grupos independientes —uno formado en la reserva activa y la judicatura, otro en la academia militar— lleguen a la misma arquitectura conceptual demuestra algo valioso: existe en Colombia un consenso técnico maduro sobre cómo enfrentar la multicriminalidad. Sus diferencias son de horizonte, no de doctrina. La EI 2026 organiza cinco pilares interdependientes con mirada de una a dos décadas y se concentra en reformar las estructuras gruesas del Estado, incluida la justicia y el sistema penitenciario. El Cuaderno distribuye siete mesas bajo una secuencia funcional —direccionar, desarticular, legitimar, anticipar, modernizar, integrar y recuperar—, con cronogramas de 0 a 30, 30 a 60 y 60 a 100 días, e incorpora frentes propios de su origen académico: inteligencia estratégica y superioridad de la información, seguridad económica e inserción internacional, y reforma de la educación militar.
Los dos documentos son complementarios. Ese es, precisamente, el riesgo. Dos propuestas correctas que nadie armoniza terminan repartidas entre entidades, convertidas en anexos de planes sectoriales y citadas en discursos. La complementariedad no se produce sola: exige un método que las integre y alguien que responda por el resultado.
La brecha no está solo entre el Estado y el crimen
Aquí conviene formular la tesis con toda su dureza. El principal problema estratégico de Colombia no es únicamente que existan grupos armados y economías ilegales. Es que el Estado tiene una dificultad estructural para actuar de manera integrada, anticipatoria, sostenida y territorialmente diferenciada frente a un adversario que sí reúne esas cuatro condiciones.
La criminalidad contemporánea combina narcotráfico, minería ilegal, extorsión, contrabando, lavado de activos, corrupción y control social; usa drones comerciales, comunicaciones cifradas y criptoactivos; opera a través de fronteras y cambia de renta, ruta y alianza cuando aumenta la presión. Puede perder hombres sin perder el negocio y ceder un municipio sin abandonar el corredor. Frente a eso, el Estado llega por sectores: información fragmentada, presupuestos dispersos, indicadores incompatibles, relevos frecuentes y responsabilidades que se diluyen justo cuando una intervención pasa de la fase militar a la civil.
La asimetría, entonces, no es de fuerza. Es de integración. Y la crisis la amplifica: cada emergencia adicional multiplica los comités, fragmenta la agenda y premia la respuesta reactiva sobre la anticipación. Capturar cabecillas e incautar cargamentos sigue siendo necesario, pero ya no demuestra por sí mismo una victoria estratégica. Si el sistema que produce, transporta, protege, lava y reinvierte las rentas permanece intacto, la estructura reemplaza al individuo y recupera su capacidad de intimidación en semanas.
El barril robado: anatomía de una economía criminal
El 24 de agosto el Presidente ordenó al Ministro de Defensa, al Comandante General de las Fuerzas Militares y al Director General de la Policía Nacional una ofensiva conjunta contra el hurto de combustibles y crudo. Las cifras que expuso describen la naturaleza del adversario mejor que cualquier ensayo: cerca de 123.700 barriles mensuales de gasolina, diésel y nafta sustraídos en un solo poliducto de catorce pulgadas —el que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país—, con pérdidas concentradas en Cesar y Magdalena; más de 1,5 millones de barriles al año si el ritmo se mantiene; y un impacto superior a 500.000 millones de pesos para Ecopetrol y, por lo tanto, para la Nación.
El dato decisivo, sin embargo, no es el monto. Es el destino. Esos combustibles son insumo del procesamiento ilícito de cocaína, y su movilización se realiza mediante las llamadas caravanas de la muerte, que llegan a mover hasta seiscientos vehículos, muchos con destino al Catatumbo. A ello se suma el apoderamiento ilegal de crudo, con antecedentes graves en el Oleoducto Trasandino y en el Caño Limón–Coveñas. Si la conexión se confirma, el país no está ante un robo a una empresa estatal: está ante una cadena que convierte patrimonio público en insumo criminal y termina financiando a las organizaciones armadas que el Estado combate. Es el círculo perfecto: el crimen se financia con lo que le roba al Estado que lo persigue.
Ese caso condensa todo lo que este análisis sostiene. Primero, confirma dónde está el centro de gravedad: perseguir a quien perfora el tubo es tan estéril como capturar a quien carga el arma. La propia orden presidencial fija el estándar correcto —desmantelar quién financia, quién hurta, quién almacena, quién transporta, quién escolta, quién compra y quién comercializa—, que es exactamente el que ambos informes proponen. Segundo, muestra la convergencia criminal en estado puro: hidrocarburos, narcotráfico y financiación armada operando como un solo sistema sobre un mismo corredor. Tercero, y más importante, plantea la prueba de integración: la respuesta exige de manera simultánea Fuerzas Militares, Policía, Ecopetrol, Fiscalía, inteligencia financiera, control territorial y extinción de dominio sobre vehículos, predios y depósitos. Siete instituciones con lógicas, tiempos e indicadores distintos, actuando sobre un corredor que atraviesa varios departamentos.
Por eso la instrucción más reveladora de esa orden no es operacional sino gerencial: coordinar personalmente la operación y exigir un informe periódico de avances. El Presidente identificó, sin nombrarlo así, el problema del articulador. La pregunta que queda abierta es si esa coordinación personal podrá sostenerse cuando el mismo despacho deba atender a la vez la emergencia del terremoto, los incendios forestales, la ofensiva criminal y una docena de prioridades adicionales. Un esfuerzo de esta naturaleza no resiste la atención intermitente del más alto nivel. Exige a alguien cuya única tarea sea esa.
Diez ejes: lo que ya funcionó una vez
En Seguridad en tiempos de cambio reconstruí, a partir de entrevistas con quienes condujeron el proceso, cómo un país que en 1998 vio caer una capital departamental en manos de la guerrilla logró revertir su trayectoria en menos de una década. La respuesta no fue una operación memorable ni un comandante providencial. Fueron diez ejes actuando de manera simultánea: estrategia y liderazgo; reestructuración e innovación táctica; modernización de equipos y tecnología; profesionalización y capacitación diferencial; operaciones conjuntas e interinstitucionales; inteligencia operacional; fuerzas especiales como doctrina de precisión; legitimidad y derechos humanos; seguridad y desarrollo; y cooperación internacional.
El hallazgo incómodo del libro es el que hoy más importa. Ninguno de los diez produce resultados por separado, y el debilitamiento de uno solo abre la grieta que el adversario encuentra primero. Reconstruir la secuencia de cómo varios de esos ejes se erosionaron entre 2022 y 2026 explica, mejor que cualquier cifra aislada, por qué el país volvió a perder la iniciativa. Y explica también por qué la salida no consiste en inventar un modelo nuevo, sino en restablecer, adaptar y proyectar capacidades que ya demostraron su eficacia frente a amenazas de naturaleza semejante. Esa es la conversación que el libro busca abrir, y la que Colombia necesita tener antes de que la urgencia vuelva a decidir por nosotros.
El pilar que decide si la ventana se cierra
De los diez ejes, uno concentra hoy la distancia entre asegurar y gobernar: Desarrollo Socioeconómico y Seguridad, es decir, la Acción Integral. No fue nunca un complemento asistencial de la operación militar. Fue el mecanismo que convirtió una ventaja operacional en presencia estatal y en legitimidad. La secuencia es exigente y no admite atajos: la acción militar crea condiciones de control, la presencia institucional las convierte en gobernanza y el desarrollo las hace sostenibles. Cuando esa secuencia se interrumpe, el territorio recuperado se pierde con la misma velocidad con la que fue ganado.
El Plan de Consolidación de La Macarena fue su expresión más completa: ofensiva militar seguida del ingreso inmediato de entidades civiles de desarrollo rural, infraestructura y erradicación, y luego escuelas, salud y proyectos productivos. La lección no debe idealizarse. Hubo territorios donde la presencia civil llegó tarde o nunca, y por eso mismo el aprendizaje conserva vigencia: la seguridad abre una ventana; la justicia, los servicios y el desarrollo deciden si esa ventana se cierra o se convierte en gobernanza.
Lo nuevo, y esto es lo que hace del Cuaderno un aporte real, es que hoy esa doctrina puede medirse. La Estrategia 3D Vitales —agua potable, energía y vías de acceso— convierte la Acción Integral en una línea base municipal verificable y comparable. Donde antes se contaban jornadas cívico-militares, ahora puede establecerse si un municipio tiene o no tiene los tres desarrollos que hacen posible cualquier economía legal. Ese es el puente que faltaba entre una doctrina que sabíamos correcta y un tablero de resultados que el país pueda auditar.
Concentrar: la decisión que nadie quiere tomar
La dispersión es la vulnerabilidad más costosa de la política pública colombiana. Cuando cada municipio, cada renta criminal y cada programa se declara prioritario, los recursos se reparten con criterio administrativo y no estratégico. El resultado es una presencia estatal demasiado débil para alterar el equilibrio local y demasiado breve para impedir la adaptación del adversario.
El propio Cuaderno propone algo que ningún gobierno reciente se ha atrevido a hacer: seleccionar entre tres y cinco territorios para intervenciones integrales con soluciones inmediatas y verificables. Tres a cinco. No cien. Y la unidad de intervención no tiene que ser el municipio: puede ser un corredor fronterizo, una cuenca minera, una ruta fluvial, una periferia urbana o un sistema logístico que cruza varias jurisdicciones. El territorio debe leerse como sistema, no como división política.
La selección exige criterios públicos y cinco preguntas explícitas: cuál es la gravedad del daño a la población y a las instituciones; qué palanca estratégica ofrece —rutas, rentas o nodos difíciles de reemplazar—; qué tan factible es intervenir con las capacidades, el acceso y el marco jurídico disponibles; qué riesgo hay de desplazar la amenaza a otra zona o a otra renta; y si existe capacidad civil y presupuestal para permanecer después de la operación. No se trata de abandonar el resto del país. Se trata de alcanzar masa crítica en unos pocos teatros, producir resultados verificables, aprender y escalar.
Un articulador con dedicación exclusiva
Aquí propongo incorporar el eslabón que, a mi juicio, hace falta para convertir la estrategia en ejecución. La coordinación sin un responsable claramente identificable suele reducirse a una conversación entre entidades, sin autoridad suficiente para resolver bloqueos ni asumir los resultados. Por ello, planteo designar en cada territorio estratégico priorizado un gerente de campaña con dedicación exclusiva, autoridad para articular instituciones, alinear recursos, exigir el cumplimiento de cronogramas y rendir cuentas directamente ante la conducción estratégica nacional.
El precedente está a la vista. Ante el terremoto del 10 de agosto, el Gobierno creó un fondo de reconstrucción y designó a un empresario, Jaime Andrés Uribe, como su gerente. La enseñanza transferible no es un nombre propio ni una fórmula automática: es el principio gerencial. Misión clara, responsable identificable, acceso directo al nivel decisor, metas, recursos y cronograma. Si el país aceptó ese diseño para reconstruir edificios, puede aceptarlo para reconstruir la presencia del Estado en los territorios donde la ausencia de coordinación también constituye una emergencia, aunque sus daños se acumulen lentamente.
Los grandes líderes empresariales aportan capacidades que el sector público rara vez tiene disponibles al mismo tiempo: disciplina de proyectos, lectura de cadenas productivas, interlocución con inversionistas y capacidad de movilizar alianzas. En territorios críticos, esas capacidades sirven para convertir seguridad en infraestructura, empleo formal y servicios. Pero su participación debe insertarse en el Estado de derecho, no sustituirlo. Una gerencia territorial no puede ser un virreinato empresarial ni una agencia paralela.
Por eso el diseño importa tanto como la persona. Seis condiciones lo hacen viable: primero, dedicación exclusiva —no es un cargo compatible con otras responsabilidades, ni una junta que se reúne cada mes—; segundo, mandato temporal, escrito y público, con acto administrativo que defina objetivos, alcance y fecha de cierre; tercero, autoridad real de coordinación presupuestal sobre los programas sectoriales que concurren al territorio, con acceso directo al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional; cuarto, un tablero público de resultados que mida control estatal sostenible y avance de los 3D Vitales, no reuniones ni porcentajes de ejecución; quinto, controles ordinarios plenos —Contraloría, Procuraduría, Fiscalía—, régimen estricto de conflicto de intereses, selección transparente y prohibición expresa de decidir sobre contratos que involucren a su sector de origen; y sexto, rendición de cuentas periódica y presencial ante la conducción nacional y ante las comunidades del territorio intervenido, con mandato revocable por incumplimiento.
El país tiene además, desde esta semana, un banco de pruebas inmejorable. La cadena del combustible robado reúne todas las condiciones de un piloto: territorio identificable, corredor definido, renta cuantificable, entidades concurrentes y una línea base que Ecopetrol ya puede medir en barriles. Si el Estado logra articular ahí siete instituciones bajo un responsable con dedicación exclusiva y mostrar en seis meses una reducción verificable del flujo, habrá demostrado —con evidencia y no con doctrina— que el método funciona. Y habrá construido el argumento que necesita para replicarlo.
Su éxito no se mediría por actividad, sino por transformación del sistema territorial: reducción del flujo de rentas criminales, justicia que produce sentencias, infraestructura protegida, inversión activada, retorno de población y comunidades que dejan de depender del orden impuesto por actores ilegales.
Anticipar la adaptación
Toda intervención exitosa modifica el comportamiento del adversario. La presión sobre el narcotráfico desplaza actores hacia la minería ilegal, la extorsión o las drogas sintéticas; el cierre de una ruta abre otra en el país vecino; la recuperación rural traslada redes hacia periferias urbanas. Anticipar ese movimiento debe ser parte del planeamiento, no una sorpresa posterior. El éxito nacional no puede consistir en exportar el problema.
Ahí la inteligencia estratégica deja de ser un soporte operativo y se convierte en instrumento de gobierno. Integrar las dimensiones humana, técnica, criminal, financiera y cibernética, e incorporar analítica avanzada, no sirve para producir más informes: sirve para advertirle al decisor dónde se moverá el sistema criminal cuando el Estado altere sus costos. Y confirma el carácter internacional del problema: recuperar un territorio sin cooperación regional, trazabilidad financiera y vigilancia de cadenas logísticas es una victoria local que traslada el costo a los vecinos.
El método, no el milagro
El fondo creado para impulsar la reconstrucción tras el terremoto lleva el nombre de Fondo Milagro, una denominación comprensible ante una tragedia de semejante magnitud. Sin embargo, en materia de seguridad no hay lugar para milagros. Colombia aprendió, a un costo demasiado alto, que la recuperación de un país no depende de soluciones individuales ni de éxitos operacionales aislados, sino de la acumulación disciplinada de decisiones sostenidas, capacidades integradas y responsables claramente identificados que rindan cuentas por los resultados.
El país tiene hoy más de lo que ha tenido nunca. Tiene un diagnóstico compartido entre la reserva, la judicatura y la academia. Tiene dos documentos rigurosos y complementarios. Tiene diez ejes que ya funcionaron una vez y una doctrina de Acción Integral que puede, por fin, medirse. Y tiene, desde esta semana, un caso concreto donde probarlo. Lo que no tiene todavía es lo más difícil de conseguir y lo más barato de anunciar: la disciplina de escoger tres o cinco territorios, nombrar a quien responde, entregarle autoridad y presupuesto, medir lo que verdaderamente importa y sostener el esfuerzo más allá del ciclo de la noticia.
La crisis no es una excusa para aplazar esa decisión. Es la razón para tomarla ahora. Un Estado que aprende a concentrar el esfuerzo bajo presión —cuando el escombro, el fuego y la ofensiva criminal ocurren en la misma semana— es un Estado que habrá aprendido a gobernar. La pregunta, otra vez, no es si Colombia conoce el camino. Es si tendrá la disciplina de recorrerlo completo, justamente cuando todo parece urgente.
Fuentes y lecturas de referencia
- — Universidad Militar Nueva Granada – ESAENG / Strategic Task Force One. Cuaderno de recomendaciones de los 100 días: Justicia, Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional. 2026.
- — GREI–ACORE. Colombia: Estrategia Integral de Seguridad. 2026.
- — Tapias, Fernando. Seguridad en tiempos de cambio: el modelo colombiano y su legado global. Manuscrito en revisión académica, 2026.
- — Tapias, Fernando. Colombia: la estrategia está escrita; falta el método. Grupo Zehirut, agosto de 2026.
- — Tapias, Fernando. La Patria Milagro. Grupo Zehirut, agosto de 2026.
- — Declaración presidencial que ordena la ofensiva conjunta contra el hurto de combustibles y crudo, 24 de agosto de 2026 (cifras citadas según la información oficial divulgada ese día).
- — Información de prensa sobre el terremoto del 10 de agosto de 2026, la emergencia por incendios forestales y la designación de la gerencia del fondo de reconstrucción, agosto de 2026.
SEGURIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS. Excelente aporte al debate sobre la seguridad en Colombia. El gran valor del artículo está en recordar que una estrategia, por acertada que sea, fracasa sin un método capaz de diagnosticar, priorizar, coordinar, ejecutar y corregir. La verdadera victoria no está simplemente en entrar a un territorio, sino en transformar sus condiciones, recuperar la gobernanza y asegurar una presencia estatal sostenible. Porque, en seguridad, la verdadera capacidad del Estado se demuestra no solo al llegar, sino al permanecer y transformar.
Es un trabajo muy sólido y oportuno, porque trasciende la crítica a la estrategia de seguridad y aborda la pregunta decisiva: ¿Cómo convertir la estrategia en capacidad efectiva de Estado? Allí está, a mi juicio, uno de los grandes desafíos de la seguridad en Colombia.
SEGURIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS. El presente artículo no es el diagnóstico de siempre. Su principal aporte está en poner el énfasis en la capacidad de ejecución: convertir las decisiones estratégicas de seguridad en resultados sostenibles, mediante dirección, método, articulación institucional y permanencia en el territorio. Un enfoque necesario para pasar del diagnóstico a la transformación.