COLOMBIA FRENTE AL SISTEMA CRIMINAL: Diagnóstico, Presión Estratégica y una Oportunidad Histórica
Narcotráfico, Paz Total y mutación del conflicto
Los recientes acontecimientos —incluido el uso legítimo de la fuerza por parte de las Fuerzas Militares de Colombia en el bombardeo a un campamento del ELN el 4 de febrero de 2026— confirman que el país atraviesa un punto de inflexión. Este momento coyuntural abre una ventana estratégica que Colombia no puede darse el lujo de desaprovechar. Para comprender su alcance, resulta indispensable acudir al Documento de Análisis Estratégico (DAE) elaborado por el Consejo de Generales en Retiro del Ejército Nacional (CGREN), uno de los diagnósticos más sólidos y rigurosos producidos en los últimos años sobre el narcotráfico y los Grupos Armados Organizados (GAO).
El valor del DAE no reside en una lectura ideológica ni en una reacción coyuntural, sino en su enfoque estructural. El documento demuestra que el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales operan como un Sistema Adaptativo Complejo (SAC): un entramado capaz de aprender, reconfigurarse y fortalecerse cada vez que el Estado reduce la presión simultánea sobre sus distintos componentes. Esta comprensión marca una diferencia sustancial frente a aproximaciones fragmentadas que han predominado en la última década.
De la estrategia integral al fortalecimiento criminal
El DAE parte de una constatación empírica difícil de refutar. Entre 2000 y 2013, Colombia aplicó una estrategia integral que combinó control territorial, erradicación, interdicción, presión militar sostenida y cooperación internacional. El resultado fue una reducción cercana al 70 % de los cultivos ilícitos y un debilitamiento paralelo de las estructuras armadas ilegales. A partir de 2014, ese enfoque se fragmentó. La suspensión de la aspersión aérea, la priorización de la erradicación voluntaria sin control territorial efectivo y los procesos de negociación sin degradación previa del adversario produjeron el efecto contrario: crecimiento exponencial de los cultivos de coca y expansión simétrica de los GAO.
El documento es categórico: no se trata de fenómenos independientes. Cuando el Estado presiona solo uno de los ejes —cultivos o estructuras armadas— el sistema criminal se adapta, redistribuye funciones, reinvierte rentas y termina fortaleciéndose. Esta lógica explica por qué el narcotráfico dejó de ser una economía marginal para convertirse en un mecanismo de control territorial y gobernanza criminal, especialmente en zonas de frontera y corredores estratégicos, donde los GAO no solo producen y trafican droga, sino que administran justicia informal, regulan economías locales y disputan abiertamente la autoridad del Estado.
Debilitamiento estatal y pérdida de disuasión
El DAE advierte que este fortalecimiento criminal no puede entenderse sin reconocer un debilitamiento relativo del Estado y de la Fuerza Pública en los últimos años. Este proceso se manifiesta en el desgaste operativo y presupuestal acumulado, la reducción de capacidades clave del pie de fuerza y un entorno político y judicial que ha cuestionado de manera persistente el uso legítimo de la fuerza, afectando la moral y la iniciativa estratégica. El resultado ha sido una disminución progresiva de la brecha de poder entre las instituciones y las organizaciones criminales, particularmente visible en zonas rurales, corredores urbanos críticos y áreas de frontera, donde los GAO han logrado disputar —y en algunos casos imponer— control territorial y social.
Impacto internacional: presión externa como señal estratégica
Estas debilidades internas tuvieron un reflejo directo en la relación con Estados Unidos. El aumento récord de los cultivos ilícitos y una estrategia antidrogas percibida como ineficaz derivaron en la descertificación de Colombia en 2025 bajo el criterio de failed demonstrably, la reducción y el condicionamiento de la ayuda, sanciones financieras y personales bajo la EO 14059, y un endurecimiento sostenido del discurso de la administración Trump. Sin embargo, lo que a primera vista parece una señal de castigo puede convertirse en una ventaja estratégica si se comprende la lógica que la sustenta.
Estas decisiones no responden a diferencias ideológicas, sino a una exigencia de resultados y presión sistémica coherente con la National Defense Strategy 2026 (NDS 26). Leídas correctamente, abren la posibilidad de reencauzar la relación bilateral sobre bases más pragmáticas, orientadas a la cooperación efectiva y a objetivos verificables.
Estados Unidos y la NDS 26: convergencia estratégica, no ideológica
El diagnóstico del DAE conecta de forma directa con la mirada de Washington reflejada en la NDS 26. Esta estrategia identifica al crimen organizado transnacional y al narcotráfico como amenazas integradas a la seguridad nacional, comparables en impacto a actores estatales hostiles. Tres conceptos centrales articulan esta visión: presión sistémica simultánea, alianzas funcionales basadas en resultados y confrontación de amenazas híbridas que combinan crimen, política y control territorial.
Desde esta óptica, el deterioro de la relación bilateral no obedece a fricciones retóricas, sino a una preocupación estratégica concreta: niveles récord de producción de cocaína, pérdida de control territorial y una respuesta estatal percibida como ambigua. Para Estados Unidos, Colombia no es un problema periférico, sino un nodo central de una red criminal que impacta directamente su seguridad interna. En este contexto, la posibilidad de un Plan Colombia 2.0 resulta hoy más viable que en cualquier administración anterior, siempre que exista una redefinición estratégica clara por parte de Bogotá.
Las tres nuevas guerras en América Latina: el marco regional
Este escenario se entiende mejor a la luz del análisis de José Miguel “Mike” Pizarro en Las tres nuevas guerras en América Latina. Allí se describe un giro estructural del conflicto regional: América Latina ya no enfrenta guerras ideológicas convencionales, sino tres conflictos simultáneos y convergentes. La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional; la guerra por el control territorial y social; y una guerra híbrida donde se entrelazan organizaciones criminales, redes políticas corruptas y, en algunos casos, Estados funcionalmente erosionados.
El eje central del planteamiento de Pizarro —plenamente consistente con el DAE— es que el narcotráfico dejó de ser un problema de orden público para convertirse en una amenaza estratégica de carácter militar. Los cárteles operan como ejércitos privados, con capacidad de fuego, control territorial y poder de intimidación superiores a los de muchas fuerzas estatales. En este contexto, la lucha contra las drogas deja de ser un asunto técnico o judicial y se redefine como una decisión política y estratégica de primer orden.
Dentro de este marco, Colombia emerge como una bifurcación histórica. A diferencia de otros países de la región, cuenta con Fuerzas Armadas experimentadas, conocimiento profundo del terreno y décadas de aprendizaje en guerra irregular. La variable decisiva ya no es la capacidad militar —que existe— sino la voluntad política.
Epílogo: el momento coyuntural y la oportunidad estratégica
El DAE traza tres caminos posibles para Colombia entre 2026 y 2030. El primero, de alto riesgo, mantiene el rumbo actual y conduce a la consolidación de un narco-conflicto híbrido cada vez más costoso y difícil de revertir. El segundo introduce ajustes parciales que evitan un colapso inmediato, pero dejan intactas las tendencias estructurales del problema. El tercero, el más exigente y a la vez el más prometedor, propone una reorientación estratégica integral basada en presión simultánea sobre cultivos, estructuras armadas, finanzas ilícitas y control territorial, respaldada por una cooperación internacional robusta. Es este escenario C el que convierte el presente en una coyuntura decisiva para el país.
Colombia enfrenta una oportunidad poco frecuente en su historia. Existe una convergencia clara entre su interés nacional y el de Estados Unidos: reducir de manera sustantiva los cultivos ilícitos y desmantelar las capacidades de los GAO, no administrarlos ni coexistir con ellos. La NDS 26 aporta el marco estratégico, el DAE ofrece el diagnóstico y la experiencia colombiana proporciona la capacidad operativa.
El dilema es directo. Si Colombia opta por una presión integral y simultánea sobre el sistema criminal, apoyada en una cooperación estrecha con Estados Unidos en inteligencia, interdicción y desarticulación financiera, puede recuperar control territorial, legitimidad institucional y margen estratégico internacional. Si no lo hace, otros actuarán desde sus propios intereses, con costos mayores para la soberanía nacional.
El DAE del CGREN no es un texto para la controversia coyuntural. Es una advertencia estratégica. Ignorarla sería repetir errores conocidos. Asumirla podría marcar el inicio de una nueva etapa: la de un Estado que decide confrontar al sistema criminal con realismo, coherencia y aliados que comparten el mismo objetivo estratégico.
Efectivamente como lo indica el análisis el poder de los grupos armados al servicio del narcotráfico radica en su capacidad económica que los hace cada vez más avanzados tecnológicamente y con mayor convencimiento para algunos sectores de la sociedad, el combatir este flagelo ha demostrado en años anteriores que si se realiza contundentemente con todos los campos del Estado es efectivo y permite la reducción de su accionar y debilita su capacidad bélica.
Las cifras presentadas por el gobierno con incautaciones record en lo que corresponde a los años 2024 y 2025 son directamente proporcionales al aumento de cultivos ilícitos en estos mismos años; lo anterior debido al cambio en la modalidad de erradicación de cultivos ilícitos, lo que generó un aumento de los mismos; es decir hay más incautaciones porque hay más producción de cocaína.
Este efecto ha trascendido fronteras y ha generado riesgos y vulnerabilidades a otros Estados, que en la protección de sus intereses nacionales pueden tomar la decisión de unir esfuerzos para combatir el narcotráfico o tomar decisiones que aíslen a Colombia política, económica y socialmente de sus Estados en busca de una protección de sus fronteras.
Colombia ha llegado al punto de equilibrio donde debe tomar decisiones que le permitan inclinar la balanza a favor del control institucional, la legalidad y la gobernabilidad; estas decisiones deberán ser de carácter político que trasciendan en la seguridad y economía no solo nacional sino regional.
Felicitaciones Ingeniero Fernando Tapias; la manera profunda y coherente de sus análisis, que develan los sistemas propios y de los desafíos, así como el nivel al que lleva a los actores, buenos o malos, demandan atención tanto estatal, como de la iniciativa privada e internacional, para redireccionar.
Dr. Tapias excelente Diagnostico abarca los campos estrategicos y se toman excelente apreciaciones visualizando todos los campos nacionales, muestra de manera clara los riesgos inminentes de la actualidad que vive nuestro pais
Dr. Fernando; muchas gracias por compartir tan importante artículo, es una radiografía del orden público actual en nuestro país, erosionado por el crimen y la falta de control territorial por parte del Estado.